Venezuela: una tragedia sin precedentes

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Dallas, Texas. Por Frank Gavidia. Lo que ocurre en mí país no tiene precedente alguno en la región. Un gobierno que accede al poder por la vía democrática y se vale de la democracia para subvertirla, procurando contextos que le permitan consolidar una tiranía que somete a los mayores vejámenes a su población con el objeto de evitar poner en vilo su estadía en el poder.

Al menos 123 funcionario del alto gobierno, están señalados de estar incursos en actividades delictivas, tales como el narcotráfico. La penetración criminal en tantas instituciones y el hecho de que estas constituyan los órganos principales del Estado en la lucha contra el crimen organizado significa que Venezuela no puede ni siquiera detener el crimen organizado, lo que constituye un caso atípico de lo que podría catalogarse como un narco Estado.

Es una auténtica tragedia. La dimensión humana de esta debacle ha quedado muy bien resumida en declaraciones ofrecidas por Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas: “Según una encuesta reciente, más de un millón de niños han dejado de asistir a la escuela, la mayoría porque sus padres no pueden proporcionarles el desayuno, porque los programas de almuerzo escolar han colapsado, por la escasez de transporte público a precios asequibles, o por la falta de docentes y personal escolar, muchos de los cuales han abandonado el país”.

Añádase que al menos 12.414 venezolanos han sido detenidos por motivos políticos desde junio 2014 al año 2018, de acuerdo con la contabilidad del Foro Penal. No menos de tres millones de venezolanos han abandonado forzosamente su patria en búsqueda de un porvenir digno para ellos y sus familias.

El Banco Mundial define a un individuo pobre cuando gana menos de $1,9 diarios, en Venezuela el salario mensual al precio de cambio oficial es de $3,46 o sea $0,11.

En lenguaje sencillo: los venezolanos cada día somos y seremos más pobres de lo que alguna vez pudimos pensar y nuestros jóvenes hoy están condenados a la miseria. Es una autentica hecatombe social. Han crucificado al país en problemas. Hoy Venezuela está en vías de ser la Somalia de América Latina.

La población venezolana está pauperizada y vive bajo el signo de la inseguridad y de la angustia económica, la bancarrota de la producción agrícola y pecuaria del país, unida al atraso industrial, junto a la corrupción es la causa principal del problema que agobia a la mayoría de la población: el alto costo de la vida y el desabastecimiento.

Frente a ello, es evidente el repudio generalizado en contra del régimen. Los ciudadanos quieren una salida y la quieren ya. Todos queremos que Maduro este fuera del poder, Venezuela lo necesita y demanda. Esa es parte de nuestra lucha, esa es la razón telúrica que mueve nuestra actuación.

La imposición de un modelo político totalitario y un sistema económico fracasado ha destruido la capacidad de los ciudadanos de valerse por sí mismos y apoyarse solidariamente. Las políticas del régimen lejos de atender las necesidades de las poblaciones más vulnerables han profundizado los mecanismos de dependencia y control social mediante instrumentos de persecución política que han agravado la sistemática violación de los derechos humanos. Los venezolanos hemos sido igualados socialmente en nuestra escasez.

Muchos se preguntan a qué se debe la existencia de dos presidencias en un país diezmado. El error de la duda es comprensible. En Venezuela no existen dos presidentes, lo que ocurre es que tras la no realización de elecciones presidenciales en el periodo que demanda la constitución y el desconocimiento interno y externo de la farsa electoral formulada por el régimen el 20 de mayo de 2018, se crea una situación inédita no prevista constitucionalmente. Para saldar ese vacío, ante la imposibilidad de quedar sin alguien al frente del poder ejecutivo se ha interpretado la constitución con base en los artículos 233, 333 y 350 a fin de que la Asamblea Nacional como único órgano legítimo y legitimado por ser expresión directa y auténtica de la voluntad popular asuma el vacío, con base a ello se promulgó el Estatuto que rige la Transición a la democracia para restablecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

De suerte que, lo que existe en Venezuela es un presidente legítimo en condición de encargado impedido de asumir el cargo dado el ejercicio de facto formulado por quienes hoy usurpan y secuestran el poder en Venezuela. Es decir, hay una presidencia legítima a la par de un ejercicio fáctico del poder, pero, no dos presidentes.

Gracias a esa decisión acertada de la Asamblea Nacional, hoy Juan Guaidó lidera un proceso de transición hacia la democracia. Fruto de ello hoy se puede contar el reconocimiento de más de 60 países y organismos internacionales, la designación de 40 embajadores, el control de CITGO y la prohibición de envíos de petróleo a Cuba, cada día más funcionarios de la Fuerza Armada se ponen del lado de la constitución y al menos 100 millones de dólares han sido recaudados para la ayuda humanitaria que suma al menos 1 millón de voluntarios. Todo apunta a un proceso definitivo del cese de la usurpación con la garantía de un plan para el día después denominado “Plan País”.

Para nosotros el reto que supone para América Latina la tarea de comprender el significado de la debacle venezolana, pasa por comprender la fragilidad de nuestros sistemas políticos ya que estos no están calibrados para soportar los embates de los gobiernos con vocación totalitaria.

Es nuestro deber histórico alertarle a Latinoamérica que lo que pasó en Venezuela, puede pasarle a cualquier país si no existe un verdadero balance de los poderes públicos, en el cual se pondere de manera sustancial y prioritaria el rol del parlamento para que puedan evolucionar las cláusulas democráticas, que se refuerce la unión interparlamentaria, de manera que puedan detectarse y alertarse comportamientos no democráticos, entendiendo que la democracia no se limita a elegir sino que requiere también el cumplimiento de los procedimientos que garanticen los derechos de los individuos, la convivencia, la preeminencia de las instituciones por encima de los intereses particulares y la imposibilidad que una mayoría circunstancial aplaste el marco de convivencia que permite la política en libertad.

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